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noticiaspuntodevista · 4 years

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CAPTURAN A RECLAMANTES DE TIERRAS POR DENUNCIA DE LOS DESPOJADORES. ¿A QUIEN DEFIENDE EL GOBIERNO, A LAS VÍCTIMAS O A LOS VICTIMARIOS?

Artículo tomado de Agencia de Prensa Rural.

Escrito por Juan Camilo Gallego Castro.

Domingo 1° de diciembre del 2019 - Nueve campesinos reclamantes de tierras de Urabá fueron capturados bajo acusación de desplazamiento y concierto para delinquir, por parte de los opositores y despojadores.

La orden de allanamiento es del 26 de noviembre. La Fiscalía identifica seis viviendas en donde se encuentran los supuestos responsables de dos delitos: desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Víctor Manuel Correa, en Belén de Bajirá; Fredy Correa Cuadrado, en el corregimiento El Reposo, de Apartadó; Saulo David Úsuga, en Carepa; y Omar Quintana Suárez, Julio César Correa y Rosember Ibañez, en la vereda Guacamayas, de Turbo. Además, identifican tres personas más responsables de los mismos delitos: Sandra Medrano, Freddy Correa y Tito David Gómez.

La razón de la Fiscalía es que el 26 de noviembre de 2014, estas personas invadieron las propiedades de las cuales habían sido despojados años atrás por grupos paramilitares. Algunas de estas tierras hoy se encuentran en manos de empresarios. Los campesinos retornaron sin acompañamiento institucional, a la espera de que se hiciera justicia y les devolvieran sus tierras. Un par de semanas después, el 12 de diciembre de 2014, estos campesinos fueron cobijados por el Auto 00181 del Juez de Restitución de Tierras de Quibdó.

De los capturados, solo se le ha devuelto la tierra a Rosember Ibañez, mediante sentencia de la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU 648 de 2017, y de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, del 10 de diciembre de 2018; los demás siguen a la espera de recuperar sus tierras.

Las nueve personas hoy están bajo medida de aseguramiento intramural. Frente al hecho se pronunciaron seis organizaciones sociales, entre ellas el Instituto Popular de Capacitación (IPC), en el que denuncian que se trata de un hecho de “persecución y revictimización de estos campesinos por parte de los opositores en sus procesos de restitución de tierras”.

Según Nely Osorno, presidenta del IPC, “nos preocupa que este se trate de un caso de falso positivo judicial contra estas personas, teniendo en cuenta el desconocimiento de su calidad de víctimas reclamantes de tierras, algunos con sentencia que reconoce que fueron despojados. Así mismo, existe una total impunidad de los autores intelectuales, pues hay denuncias que durante estos años los campesinos hicieron por los hechos que los opositores cometieron contra ellos; además de los asesinatos de los reclamantes de tierras en esta zona, que a la fecha son 21.”

“Es muy preocupante lo que está pasando, porque los reclamantes, que son los verdaderos dueños de la tierra, están siendo judicializados. ¿Por qué nosotros? A los verdaderos despojadores que hicieron lo que quisieron, a sangre y fuego, no les pasa nada. Eso nos tiene consternados, porque no es justo que en estos momentos tengan a unas personas retenidas, se les están violando sus derechos”, dice Ayineth Pérez, presidenta de la Asociación de Reclamantes de tierras: Tierra y Paz, de la cual hacen parte más de 500 reclamantes de la región.

Noviembre de 2014

Una mujer desplazada de Guacamayas, del corregimiento de Macondo, recuerda que regresó a la vereda el 24 de febrero de 2014, sin acompañamiento institucional, luego de haber sido desplazada de allí. “Cuando llegamos ya había mucha gente”, dice ella, amenazada en varias ocasiones por su labor como líder social y reclamante de tierras, razón por la que ocultamos su identidad.

Del retorno a aquella tierra recuerda al señor Aicardo López, quien ocupaba el terreno. Ella y otros líderes aseguran que golpeaba a los campesinos que retornaban, “les mandaba a quemar los cambuches, les mandaba a pegar, les hacía disparos, tiros en los pies, cerca de la gente, y todo eso. Por eso la gente tomó la decisión de metérsele, porque la Fiscalía fue testigo de lo que pasó allá adentro.”

Cuando dice que la gente se metió con el señor López, se refieren a lo que sucedió el 26 de noviembre. De acuerdo con el relato de esta mujer, quien fue testigo de esa situación, la gente se cansó de los supuestos atropellos y fueron a buscar al señor Aicardo López, a pedirle que los dejara trabajar, que podían compartir la tierra mientras se resolvía legalmente a quién pertenecía. “Él dijo que la ley de él era machete, palo y plomo, fue cuando le metieron el machetazo al señor Saulo”, dice ella. Saulo David Úsuga es uno de los reclamantes detenidos.

Al ver que Saulo recibió un machetazo, “la gente decidió amarrarlo [a Aicardo] hasta que viniera la policía”, dice la mujer, sin embargo, al ver esa situación, “la esposa de Aicardo López se encueró [se desnudó] a decir que la habían violado, cosa que ahí no pasó. Ellos dicen que a la mujer la iban a violar, pero ella se desnudó cuando la Sijín iba a llegar allá, que por eso le habían dado el machetazo al señor Saulo. Después de eso Aicardo, con todos los opositores de esas veredas, intentaron asesinar gente allá adentro, subieron las amenazas porque él decía que eso no se quedaba así.”

Y los ataques vinieron, según este relato, de Aicardo López y de José Manuel Calderón. Poco después de los hechos descritos por la mujer, llegó el Auto 00181 del Juez de Restitución de Tierras de Quibdó, el 12 de diciembre de 2014, con el que cobijaban a las comunidades de Guacamayas, la cual pertenece al territorio colectivo de La Larga y Tumaradó (Cocolatu), y con el que se exigían garantías al Estado para que estos campesinos pudieran permanecer en sus tierras.

Historia de un despojo y de una restitución

Según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 11 de diciembre de 2018, con la llegada de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a Guacamayas, en 1996, se generó un estado de pánico en la zona, por “la desaparición de personas, secuestros, torturas, amenazas o asesinatos que causan el desplazamiento masivo de habitantes. Todo esto era conocido, dice la Corte Suprema de Justicia, por Juan Fernando Mejía Montoya y Rubin Darío Ruiz Pérez, administrador y socio del proyecto Las Guacamayas, “quienes sabían los graves problemas de orden público que tenía la zona, deviniendo en consecuencia que los miembros de la sociedad se aprovecharon de la situación de temor que agobiaba a la población civil y obligaron a vender los terrenos a un bajo precio de $200.000 por hectárea”.

Rosember Ibañez, uno de los capturados y a quien le restituyeron su tierra y le hicieron la entrega material los días 15 y 16 de mayo de 2019, recibió la visita de los paramiltiares en su finca de manera frecuente. Según la Corte Suprema de Justicia, “le insistían que la vendiera y, aún más, allí organizaban reuniones con la comunidad; a pesar [de] que rechazó la oferta que le hacían, cuando apareció Jairo Lopera Giraldo diciendo estar interesado en adquirirla, le pidió $300.000 por hectárea, aunque ante la situación que vivía la región aceptó finalmente el valor [de] $200.000 que este le ofreció”.

En la sentencia, la Corte Suprema de Justicia ordenó restituir jurídica y materialmente los predios de doce familias, entre ellas la finca “No hay como Dios”, de Rosember Ibañez. La restitución material fue registrada por la Agencia de Prensa IPC el 15 y 16 de mayo, cuando una jueza de tierras de Quibdó les devolvió a ocho familias, doce predios equivalentes a más de 600 hectáreas entre Turbo y Mutatá. Estos predios eran: Villa Fanny, Fabiola, Carmen Alicia, Santa María, Santa Fe, No hay como Dios, Deja que Digan, El Descanso, Fundación, Fundación I, Fundación II y La Candelaria.

Desplazamiento forzado y despojo en Urabá

En diciembre de 2018, la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz el informe Van por nuestras tierras a sangre y fuego, en el cual se refieren a cuatro fases del despojo de tierras en el Urabá antioqueño.

La primera fase era el desplazamiento de las familias. En 1996 y 1997 fueron desplazadas más de 168 mil personas del Urabá y el Bajo Atrato, y murieron 126 personas en masacres. En la segunda fase, entre 1998 y 2002, se dio “la limpieza total de los territorios”, en donde se produjo una relación entre la Brigada XVII del Ejército, comandado por Rito Alejo del Río, y los bloques Élmer Cárdenas y Arlex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por Hébert Veloza, Raúl Emilio Hasbún y Fredy Rendón Herrera.

En la tercera fase hubo una “consolidación empresarial” de las tierras que fueron legalizadas por medio de redes de testigos falsos y opositores. En la última fase, desde 2006 y hasta la actualidad, nuevos grupos armados, herederos de las desmovilizadas AUC, ejercen control de la zona.

De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, en ocho años solo se han resuelto 8.625 casos, el 7% de las solicitudes de restitución. De las 123.128 solicitudes, el 65% fueron rechazadas.

Además de esta situación, el Urabá es una zona convulsa y difícil para la restitución de tierras. En días recientes, el IPC y Tierra y Paz dieron a conocer la situación de Santiago Calle Medina, un campesino reclamante de tierras al que intentaron asesinar en su vivienda el 27 de noviembre en el municipio de Chigorodó.

Mientras que el 30 de septiembre, Alejandro Rincón Gallego, juez segundo de restitución de tierras de Urabá, amenazó con “tirar a la Fiscalía” a María René Murillo, una mujer reclamante del predio La Guatinaja.

Por lo pronto, los nueve reclamantes de tierra de Urabá esperan que se resuelva su situación. Si bien fueron desplazados en los años noventa durante el dominio de las ACCU en la región, ahora son señalados de ser responsables de hechos cuando ellos iniciaron el retorno a Guacamayas sin acompañamiento institucional, a las tierras de las cuales habían sido expulsados.

“Nos preocupa que esta estrategia vaya encaminada a deslegitimar los procesos que se adelantan con la reclamación de tierras y para tratar que los campesinos y campesinas desistan de la reclamación de sus predios, no se nos puede olvidar que en este momento está el debate de ampliación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras; y que el tema tierra sigue siendo un punto álgido del conflicto colombiano”, plantea Luz Nely Osorno.

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