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noticiaspuntodevista · 5 years

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FARC REALIZA SU III CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES

Domingo 16 de diciembre del 2018 - Durante los días del 14 al 16 de diciembre, se reunió en Melgar, Departamento del Tolima, el III Pleno del Consejo Nacional de los Comunes, el cual contó con la asistencia y participación de 81 mujeres y hombres dirigentes del Partido, provenientes de toda la geografía nacional, con el propósito de analizar la coyuntura política, la construcción partidaria, el estado de la implementación y la reincorporación, y de trazar los derroteros de nuestra acción política para el 2019. Tras las deliberaciones del Pleno, declaramos:

1. A más de cuatro meses de iniciado el nuevo cuatrienio presidencial, existen suficientes elementos de análisis para comprobar que se está frente a un gobierno de continuismo del modelo económico neoliberal, imperante en nuestro país durante las últimas décadas. Así lo evidencian, entre otros, la regresiva reforma tributaria que está por ser aprobada por el Congreso de la República, y particularmente las bases del Plan Nacional de Desarrollo para el período 2018-2022. Estímulo a las economías de extracción minero-energética, profundización del agronegocio, favorecimiento del sector financiero, conjugados con la retórica del emprendimiento y de la llamada economía naranja, son los pilares sobre los cuales descansan las principales orientaciones económicas del Gobierno. De las políticas anunciadas en el PND, más que equidad, lo que debe esperarse es la persistencia y acentuación de las desigualdades de la sociedad colombiana y la agudización de los conflictos derivados de la profundización y extensión territorial del modelo económico.

2. Aunque el Gobierno ha pretendido presentarse ante a la opinión pública dentro del espectro del centro político, en realidad responde a los lineamientos de la derecha y de sus sectores más extremistas; se encuentra articulado con las estrategias de la derecha transnacional y del gobierno de los Estados Unidos para la Región, y hace parte de la cruzada por la recuperación de las posiciones perdidas por las clases dominantes en Nuestra América en los lustros anteriores, por cuenta de gobiernos democráticos y progresistas. Más allá de los magros resultados del Gobierno en materia legislativa, debe destacarse su intención restrictiva de la organización y el funcionamiento de un orden verdaderamente democrático, y la pretensión de posicionamiento de las políticas de seguridad en la primera línea de la agenda política.

3. La presidencia de Duque es la expresión de un proyecto político mediocre y en declive en popularidad, que cabalgó sobre un enemigo inventado y magnificado, y sobre las mentiras acerca del Acuerdo de paz y su implementación. De cara a los efectos políticos y culturales de los acuerdos de La Habana que trazan una senda de construcción de paz, de alcance distinto a la hasta ahora implementación precaria, el Gobierno no parece encontrar una salida diferente a la de persistir en los viejos propósitos de la “seguridad democrática”, con nuevas formas y renovado lenguaje. Ello explica en buena medida su posición actual frente al Acuerdo de paz y su implementación, en la que es apreciable una gran brecha entre el discurso y la actuación gubernamental.

4. La consistencia del Acuerdo; su protección jurídica, constitucional y a la luz del derecho internacional; los avances de la implementación, así sean magros; el incontrovertible cumplimiento de las FARC-EP y ahora de nuestro Partido; el apoyo de importantes sectores de la sociedad colombiana, y la presencia de la comunidad internacional con un orden normativo y con instituciones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, constituyen todos un conjunto de vectores que obligaron al Gobierno a incorporar en su lenguaje el compromiso con la implementación y la reincorporación. Pero debemos decirlo enfáticamente, más que la intención de cumplir con lo acordado, lo que estamos apreciando hasta el momento es un singular asedio para socavar los fundamentos de lo convenido, en el que se conjugan las más variadas y pérfidas modalidades.

5. Siempre hemos tenido claro que la implementación es un campo en disputa y que ésta tendrá mayores alcances y desarrollos, si es apropiada por las grandes mayorías y se sustenta en la organización y la movilización social y popular. No nos cansaremos de señalar que el acuerdo no fue concebido exclusivamente para los exguerrilleros y exguerrilleras, sino para el conjunto de la sociedad colombiana. De nuestra parte, en este Pleno hemos reafirmado el compromiso irrestricto con lo acordado. Nos regimos por el principio de “pacta sunt servanda”; los “acuerdos son para cumplirlos”. No ahorraremos esfuerzo alguno para hacer valer este principio, incluyendo las acciones nacionales e internacionales, políticas y jurídicas, que nos brinda el Acuerdo. Esa es parte importante de nuestra acción política presente. Exhortamos al gobierno del Presidente Duque a que transite la senda del cumplimiento de la implementación y no el camino de la consumación de la perfidia.

6. El proceso de reincorporación socioeconómica atraviesa un momento crucial en el que se precisan definiciones urgentes de política pública comprensivas del ofrecimiento de condiciones materiales que garanticen la normalización de la vida cotidiana de quienes estuvimos alzados en armas. Para ello se requiere un entendimiento de la reincorporación en la que los ETCR y las nuevas áreas de reincorporación - ARN se comprendan articuladas con las dinámicas territoriales, concebidas como procesos de construcción social y colectiva. Sin el acceso a la tierra será imposible poner en marcha proyectos productivos con alguna perspectiva de sostenibilidad de mediano y largo plazo. Los pocos avances logrados hasta ahora en este campo se explican esencialmente por el compromiso y el trabajo de los exguerrilleros y exguerrilleras y los apoyos localizados de la comunidad internacional. Mientras el Estado no cumpla con sus compromisos para la estructuración de salidas dignas y sostenibles, deberán mantenerse las asistencias convenidas en el Acuerdo de paz, incluida de los ETCR, de la renta básica y el suministro de alimentos. Las orientaciones del CONPES de reincorporación deber hacerse realidad.

7. La reincorporación política ha tenido que sortear toda suerte de vicisitudes. Valoramos la existencia de nuestro Partido como organización política legal y la presencia decorosa de nuestra bancada en el Congreso de la República. Saludamos el fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca que tuteló los derechos del Partido y obligó a la recuperación de la curul despojada a Jesús Santrich, por cuenta del montaje urdido por la Fiscalía y la justicia estadounidense. Pero advertimos sobre la persistente situación de inseguridad jurídica y física; denunciamos el asesinato de 89 exguerrilleros; reclamamos la definición de la situación 1.111 los camaradas aún reconocidos como integrantes de las FARC-EP; demandamos la liberación de 412 exguerrilleros y exguerrilleras que todavía se encuentran en la cárcel, de Sonia y de Jesús Santrich símbolos de la arbitrariedad y de la injusticia. Todo ello constituye una vulneración de nuestros derechos políticos y de las condiciones convenidas para el tránsito a la vida política legal. Exigimos igualmente la liberación y repatriación de nuestro camarada Simón Trinidad.

8. 2019 será el año de celebración de los 200 años de nuestra primera independencia. La tarea de la segunda y definitiva independencia se encuentra dentro de nuestro horizonte político. En 2019 estamos comprometidos en contribuir -con espíritu unitario- a la organización de las luchas y de la movilización social y popular en campos y ciudades. Aportar al despliegue de las más diversas expresiones de resistencia y descontento constituye una de nuestras prioridades. La reciente movilización estudiantil -con sus diversas organizaciones, sus renovados y frescos liderazgos, y sus logros-, constata la vigencia de la acción política en la calle y la demostración de que si se actúa en torno a propósitos comunes, así haya diferencias, es posible lograr avances democráticos y por el buen vivir y el bienestar de las grandes mayorías. Particular atención merecerán las aspiraciones campesinas, de los pueblos étnicos y de las mujeres. Enfrentar la guerra contra las comunidades rurales por efecto del retorno de las políticas de aspersión aérea contra los cultivos de uso ilícito, de los conflictos socioterritoriales derivados del extractivismo depredador; reivindicar el acceso a la tierra y la normalización de la propiedad de pequeños y medianos productores, demandar la puesta en marcha de los PDET, construir movimiento por la materialización de la Reforma Rural Integral, todo ello se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones políticas. A lo cual se agrega nuestro propósito de poner a disposición de la lucha por la materialización de los derechos en los centros urbanos todos nuestros acumulados organizativos. La discusión en el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo abre la posibilidad de coordinar y articular las más diversas aspiraciones del campo popular, además de enfrentar los propósitos del continuismo neoliberal. La lucha contra la corrupción estructural del régimen imperante y su impunidad hacen parte igualmente de nuestras prioridades.

9. Las elecciones de 2019 en departamentos y municipios representan una oportunidad para consolidar los avances obtenidos por sectores democráticos, progresistas y de izquierda en las elecciones parlamentarias y presidenciales. La existencia por primera vez de una nutrida bancada parlamentaria ha demostrado la importancia de una representación política alternativa en el Congreso de la República, más allá de sus evidentes limitaciones. La coordinación, la articulación y las coincidencias transitorias han posibilitado, junto con otros sectores de los partidos del establecimiento, detener algunos despropósitos normativos y pretensiones de revisión sustantiva de los acuerdos. Ese ejemplo, extendido a los entes territoriales, puede abrir la posibilidad de acceder a gobiernos locales de carácter democrático y progresista, así como garantizar una importante presencia en los órganos de representación, asambleas departamentales y concejos municipales. De nuestra parte trabajaremos por acuerdos programáticos, con candidaturas propias, cívicas o de convergencia política democrática, escogidas bajo reglas de juego que contemplen la más amplia participación, baja el principio de la unidad no excluyente. Ofrecemos nuestros contingentes territoriales para la consolidación de procesos unitarios del campo popular y democrático, que reconozcan la existencia de nuestro Partido y sus aspiraciones programáticas.

10. En 2019 tendremos que redoblar los esfuerzos por la movilización para materialización de condiciones de seguridad en los territorios y las comunidades que los habitan, y de las garantías para la movilización y la protesta social. Es hora del nunca más contra el asesinato de líderes sociales, hombres y mujeres, y con ello del debilitamiento de las organizaciones sociales y populares. Se precisa el cese de la desidia estatal y la puesta en marcha de políticas y acciones para el desmonte de estructuras criminales de carácter paramilitar, la mayoría de ellas contenidas en los Acuerdos de La Habana. Debe cesar la represión violenta y desmedida contra la movilización y la protesta social. Es hora de disolver el ESMAD.

10. Se ha podido constatar que, pese a dificultades y obstáculos de diversa índole y naturaleza, se ha asistido a un proceso de consolidación de la estructura del Partido y de normalización tanto de los órganos de dirección en sus diferentes niveles, como de la misma militancia. Aunque persisten problemas internos y hay limitaciones evidentes, con tareas pendientes particularmente en el campo de la educación, consideramos que hoy contamos con una organización partidaria sólida y unificada. Reconocemos que es preciso ejercer mayor liderazgo y protagonismo, así como darle mayor dinamismo a nuestra capacidad de diálogo e interlocución política.

11. Expresamos nuestra honda preocupación por el rol gendarme que juega el país como miembro asociado de la OTAN, así como por la política exterior del gobierno de Duque frente a países hermanos, en la medida en que con su actividad injerencista contribuye a amenazar el propósito de la CELAC de hacer de Nuestra América un territorio de paz. Frente a la compleja situación de Venezuela reafirmamos nuestra solidaridad con la revolución bolivariana y el pueblo del hermano país; la solución de tal situación debe ser resuelta por la vía del diálogo, atendiendo los principios de la no intervención y de la autodeterminación. Exigimos la normalización de las relaciones diplomáticas; la incomunicación impuesta por el gobierno de Duque incrementa los riesgos de la confrontación. Rechazamos las acciones inamistosas frente a Cuba, país comprometido a fondo con la paz de Colombia, al pretender ponerlo en situaciones de peligroso alcance, por cuenta de acciones previamente concertadas con el gobierno colombiano para facilitar las conversaciones con el ELN.

12. Exhortamos al inmediato restablecimiento de los diálogos con el ELN, al reconocimiento de lo avanzado por las partes. La construcción de la paz en nuestro país pasa por la implementación de los Acuerdos de La Habana y por la solución política con el ELN. Asimismo, demanda la generación de condiciones para la superación de otros factores de violencia.

13. A la comunidad internacional, a los países garantes, Cuba y Noruega, a la segunda Misión de la Naciones Unidades, a la Unión Europea, y en general a todas las instituciones y organizaciones acompañantes de la implementación del Acuerdo, nacionales e internacionales, nuestro reiterado agradecimiento. En el momento actual, su compromiso con el Acuerdo de paz ha sido de vital importancia para garantizar la continuidad del proceso. Su presencia nos da mayores alientos para continuar con la brega por la implementación.

Melgar, 16 de diciembre de 2018

Fuente: www.partidofarc.com.co

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engel2011-blog1 · 6 years

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Intentos de Elecciones Estudiantiles en la UNAH (3-4)

Tres años de conflicto universitario y el tema de fondo: la ausencia de participación estudiantil

En la primera entrega señalábamos los bloqueos que se presentan en el actual modelo de Reforma Universitaria para abrir cause a los procesos de participación estudiantil, y en la segunda entrega puntualizábamos la manera en que esos bloqueos revisten un carácter ideológico y político, entre sectores estudiantiles que buscan la democratización de la Universidad y autoridades universitarias que han impedido cualquier esfuerzo de esa magnitud.

En la UNAH la participación estudiantil dicta ser un tema de interés en el momento que el Consejo Universitario aprueba las Normas Académicas en el 2014 y su entrada en vigencia en el 2015. A finales del 2014 se gestan las primeras protestas estudiantiles y se dan los primeros casos de criminalización de la protesta y expulsión de estudiantes universitarios; para el 2015, en el segundo periodo, se profundiza la protesta estudiantil y la criminalización hacia el estudiante; para el 2016 se agudiza el conflicto y el 2017 se polariza ante los intentos reeleccionistas de la excretora Julieta Castellanos.

El periodo del 2015 al 2016 la protesta estudiantil estuvo enfocada en temas meramente académicos, ya para el 2017, hay una acumulación significativa de descontento y el discurso se orienta hacia el tema de la criminalización y la salida de la excretora Julieta Castellanos ante sus intentos reeleccionistas. En síntesis, este periodo estuvo marcado por una disputa entre estudiantes y autoridades y el tema de fondo giro alrededor de la participación estudiantil y la democratización de la UNAH.

La politización del conflicto universitario y la polarización en la comunidad universitaria, conllevó a que el Congreso Nacional bajo dictamen obligara a las partes en conflicto abrir cause a un proceso de Elecciones Estudiantiles. En ese marco intervencionista es pertinente responderse las siguientes preguntas: ¿Por qué después de tres años de conflicto el Congreso Nacional interviene en el tema de la UNAH? ¿Por qué hasta ahora existe la voluntad política para negociar un reglamento electoral para convocar a elecciones estudiantiles? ¿Después del fraude electoral del 2017 que está en juego en la UNAH? Trataremos de dar respuesta a estas preguntas.

Las protestas estudiantiles en el 2017 y el giro del conflicto en la UNAH: la intervención del Congreso Nacional

El Congreso Nacional durante los tres años de conflicto universitario había jugado un tímido papel en el tema universitario y a pesar de su timidez fue un actor cómplice con la reforma a la Ley Orgánica en el 2013, que permitió la reelección de Julieta Castellanos y potestad para elegir a estudiantes ante el Consejo Universitario.

La intervención del Congreso Nacional, por un lado, se da en un contexto marcado por el desgaste, no agotamiento, de la clase dirigente de la UNAH, ante la falta de espacios de diálogo, la imposibilidad de generar consensos mínimos que permitieran la gobernabilidad en la UNAH, y en los intentos de reelección de Julieta Castellanos, y, por otro lado, en un contexto de país marcado por el fenómeno de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández y por los altos niveles de polarización política.

Esos dos eventos eran de suma preocupación para la elite gobernante del país. Recordemos que es en la UNAH donde se construyó y se popularizo el FUERAJOH en el 2013, como también, uno de los primeros espacios socioterritoriales que mostros su descontento contra la reelección de JOH y de Julieta en el 2017. El discurso anti-reelección encontró eco en el territorio universitario en un contexto de país polarizado por la reelección presidencial y era medida urgente detener la protesta estudiantil y ceder medianamente ante las exigencias de los sectores estudiantiles.

La intervención del Congreso Nacional y el Decreto N° 75-2017: ¿Salida a la crisis, pacto o reacomodamiento entre grupos?

En el 2017 los sectores estudiantiles presentaron un Ante Proyecto de Ley que tenía como objetivo profundizar la democratización y sentar las bases para un nuevo proceso de gobernanza universitaria. El espíritu del ante proyecto iba más allá de la realización de un proceso electoral, ya que planteaba la necesidad de una Asamblea Constituyente Universitaria (ACU), como un espacio de encuentro y diálogo entre la comunidad universitaria para debatir y darle respuestas a los problemas reales de la UNAH; y la apelación ante el Congreso Nacional de Julieta Castellanos para dar cuenta sobre los casos de criminalización de estudiantes universitarios.

Ante la timidez de los sectores estudiantiles organizados y su excesiva confianza, el Congreso ratifico darle respuesta al problema de la participación estudiantil. No es mi objetivo realizar un análisis de dicho decreto, mis intereses es puntualizar el tema político de fondo presente en dicha iniciativa, y de cómo el mismo apunta a normalizar la crisis universitaria y lograr el reacomodamiento de los grupos que se disputan el control de la UNAH.

¿Por qué hasta ahora existe la voluntad política para negociar un reglamento electoral para convocar a elecciones estudiantiles? Esa pregunta es necesario ubicarle alrededor de ocho premisas, cuatro internas y cuatro externas. A nivel interno: la primera, el proceso actual de negociación es el resultado de siete años de lucha estudiantil por abrir cause al proceso de elecciones estudiantiles. La segunda, ese proceso histórico ha estado marcado por tensiones y disputas entre estudiantes y autoridades alrededor de significaciones y resignificaciones en los temas de Universidad Pública y Reforma Universitaria. La tercera, esas disputas y tensiones han están llevando a un proceso acelerado de fragmentación estudiantil entre bloques estudiantiles que defienden la idea de “Universidad Normativa” y la idea de “Universidad Imaginaria”. La cuarta, ese proceso acelerado de fragmentación en los últimos meses le ha permitido al Julietismo y a sectores conservadores del Partido Nacional posicionarse para garantizar el control del escenario electoral en la UNAH.

A nivel externo sobresalen las siguientes premisas. La primera, en tiempos de crisis y polarización las elites ponen en juego todos los mecanismos institucionales y políticos para normalizar la crisis y oxigenar a los grupos dominantes. La segunda, la oxigenación de esos grupos se está dando en el marco de un proceso de transición universitaria que se desarrolla alrededor de personas con bajo perfil político-partidario. La tercera, las transiciones pueden ser autoritarias o democráticas, y en la UNAH se evidencia la necesidad de asegurar la transición con rasgos autoritarios. La cuarta, las transiciones autoritarias conllevan a la profundización de proyectos políticos autoritarios.

Bajo esas ocho premisas la coyuntura da pistas para constatar que nos encontramos ante un reacomodamiento de grupos, lo que la coyuntura, por ahora, no muestra es evidencia de que lado está más favorable la correlación de fuerzas, sí del lado del sector que dirige la UNAH o de los sectores del Partido Nacional. Los acontecimientos que se puedan desarrollar en el marco del proceso electoral universitario darán cuenta de dicho hecho.

Después del fraude electoral del 2017 y el intento de celebrar elecciones: ¿Qué está en juego en la UNAH?

Los puntos de análisis que se puedan desarrollar sobre las anteriores ocho premisas sin duda alguna dan pistas para comprender lo que está en el juego en la UNAH. En el fondo lo que está en juego es el modelo de universitario y modelo de reforma, que giran alrededor de las cuatro urgencias que describíamos en la primera entrega (véase https://engel2011.tumblr.com/post/171539448390/los-intentos-de-elecciones-estudiantiles-en-la?is_related_post=1)

En esta parte es de nuestro interés desarrollar las cuatro urgencias para comprender lo que entró en juego con el fraude electoral del 2017 y lo que está en juego con un futuro proceso de elecciones.

La primera urgencia la ubicábamos en el marco del decreto emitido en el 2017 por el Congreso Nacional y puntualizamos la idea de la posibilidad de asegurar el control político y cultural por parte de los sectores conservadores representados por el Partido Nacional. El actual proceso de reforma fue un parto de gobiernos nacionalistas, que luego del golpe de estado ven a la UNAH como una institución cultural capaz de reproducir el proyecto histórico de la élite gobernante, a través de la formación del estudiante, difusión cultural y producción académica. En ese marco complejo de intereses y apuestas el partido de gobierno buscara por todos los medios disputar e influir en el proceso elección de autoridades universitarias y mantener el control de la representación estudiantil desde las bases (asociaciones estudiantiles) hasta el vértice (federación de estudiantes universitarios).

La segunda urgencia va de la mano con el interés del actual bloque dirigente de la universidad y la necesidad de realizar elecciones para sanar el vacío de gobernabilidad universitarias. Esta urgencia es discutible, si consideramos que, bajo la normativa de la Ley Orgánica y sus reformas en el 2013, se le concede a Rectoría y a Decanos poderes especiales para administrar la UNAH. El tema de fondo en esta urgencia es que el actual bloque que dirige la UNAH después de la salida de Julieta Castellanos buscan reacomodarse y darle seguimiento al proyecto que vienen impulsando desde el 2009. Pareciera ser que nos encontramos ante una disputa de bloques, entre sectores del partido de gobierno y sectores universitarios.

La tercera urgencia es necesaria verla en perspectiva y como un elemento articulador que definirá la dinámica de la universidad y de la reforma en las próximas décadas. Una de las tantas deudas del actual proceso de reforma universitaria ha sido los pocos avances que se ha tenido en materia de reforma académica. El tema de la reforma académica pasa por tener constituida la representación estudiantil, la cual no ha podido constituirse por la ausencia de elecciones estudiantiles. En el fondo estos sectores que se disputan el control político y cultural abogaran por una reforma académica con rasgos excluyentes y mercantilistas, tal y como se expresa en el actual modelo de normas académicas.

Y la ultima urgencia va de la mano de los beneficios de la Universidad Pública al contar con representación estudiantil, ya que eso le permite convergen en los espacios regionales de Educación Superior y poder ser parte del festín meritocrático que ofrece la globalización educativa y la internacionalización de la educación.

¿Qué está en juego? Lograr el control político y cultural de la UNAH y orientar la dinámica académica alrededor de intereses clasistas en detrimento de los intereses de la nación; la elección de autoridades universitarias que garantice la continuidad del modelo universitario y modelo de reforma bajo los intereses del actual gobierno o del bloque que actualmente conduce a la UNAH; asegurar el proyecto educativo a través de una reforma académica que garantice el control ideológico y cultural de la elite gobernante, en detrimento de los principios de la Universidad Pública; y por último, potencializar el reconocimiento internacional en los espacios académicos y acceder a los beneficios que ofrece la internacionalización de la educación superior.

Ese marco podemos constatar una serie de intereses que están en juego y que van a marcar la dinámica del proceso electoral en la UNAH. En la siguiente y ultima entrega trataremos de puntualizar los posibles escenarios que se puedan desarrollar en la coyuntura de las elecciones estudiantiles en la UNAH.

Engel Bladimir López

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sofus-eahnm-blog · 7 years

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Conferencia inaugural. Antropología y geografía humana, la convergencia entre la cultura y el territorio. Dra. Naxhielli Ruiz Rivera, Instituto de Geografía de la UNAM

El tema que nos convoca en estas Jornadas de Investigación nos llama a ir más allá de las fronteras de la antropología social. La experiencia y trayectoria de investigación de la conferencista inaugural, la Dra. Naxhielli Ruiz, es un ejemplo de lo que se puede hacer desde la formación antropológica sólida e incursionar hacia otros campos del conocimiento sobre lo humano. En este caso se trata de un acercamiento a la geografía.

Para responder a la pregunta, cómo se tocan estos dos campos, la Dra. Ruiz recurre a la teoría de los campos de Bordieu, y considera cada disciplina científica como un campo, en el que los investigadores son los actores sociales. En este sentido ambas disciplinas convergen, más que separarse por sus diferencias, en las temáticas. Esta es la propuesta central, las ciencias sociales las fronteras se van desdibujando y las visiones temáticas son los marcos en los que se mezclan distintos enfoques disciplinares.

A lo largo de la conferencia, la Dra. Ruíz desarrolló dichas ideas principales. En torno a campos de estudios específicos como: los estudios socioterritoriales, los estudios ambientales, estudios de desigualdad y segregación así como estudios sobre riesgos. Basada en revisión bibliográfica sobre dichos campos de estudio, nos explicó los temas más relevantes, los enfoques consolidados así como los enfoques en crecimiento.

En este sentido, al ubicar la visión de legitimidad de cada ciencia social respecto a cada campo temático, destacó la importancia de la antropología para alzar la voz en temas coyunturales importantes como el riesgo o la degradación ambiental. Es importante el enfoque antropológico, la mirada, la herencia teórica, las técnicas y la investigación etnográfica, es mucho lo que se puede decir en temas de relevancia, en la toma de decisiones, para incidir sobre políticas públicas al respecto.

Así como los científicos sociales de otras ciencias se acercan al conocimiento antropológico en búsqueda de respuestas, la antropología también debe aprender a comunicarse con estos otros campos, aprender ese lenguaje común hacia afuera, con otras ciencias y con los actores de la toma de decisiones.

Reseña por: Susana Venzor

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fracto · 7 years

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{Diez (10) puntos estratégicos ó hotspots para realizar microderivas de betatesting sobre una amplia zona interfluxus Campus UTP - Comuna Universidad en Pereira} [Algunos trazados espaciales en torno a posibles laboratorios basados en cartografías sociocognitivas / Relaciones entre el campus UTP y la Comuna Universidad, en una zona de inter-influencia e intersecciones socioterritoriales mapeadas para coimaginar y codiseñar ecosistemas socialmente cocreados de hábitat sustentable] {Capturas de pantalla desde mapa intervenido en la plataforma Google Maps} <Premisa A: Tod@s l@s ciudadan@s y grupos sociales {Colectivos * Comunidades * Grupos de interés * Otr@s} desarrollan inherentemente capacidades de cocrear sus propios mapas mentales de territorio, en aras de producir socialmente hábitats sustentables> ~ <Premisa B: El territorio es una construcción social> ~ <Premisa C: Las masas críticas de ciudadan@s activ@s transforman fácticamente realidades entre mapas mentales colectivos> #mapasmentalesdeterritorio #masascríticaslocales #modelosemergentesdedesarrollobarrial #análisissocioespacial #cartografíassociales #sinergiasGATFractalab #hábitatsustentable #mapasdeimaginarios #mapasderesignificaciones #ComunaUniversidad #CampusUTP #GlorietaUTPCanaán #puntosclave #sitiosestratégicos #hotspots #corredoresecológicos #corredoresculturales #fragmentaciones #ecologíasdelafragmentación #relictos #ecosistemasfrágilesurbanos #mapasverdes #mapasnaranja #análisisdeimpactosyefectos #interfluxus #ParqueFluxus Zona amplia interfluxus del campus UTP y Comuna Universidad * Pereira * Área Metropolitana Centro Occidente * Risaralda * Ciudad Región Eje Cafetero * Triángulo del Café * Paisaje Cultural Cafetero Unesco Colombia (en Pereira, Risaralda)

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engel2011-blog1 · 6 years

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Los Intentos de Elecciones Estudiantiles en la UNAH (2-4)

Notas para comprender los bloqueos políticos e ideológicos que impidieron las Elecciones Estudiantiles en el 2011 y 2012.

La llegada de sectores del Partido Nacional a la UNAH en la década de los 80 marcó un quiebre histórico en el desarrollo del Movimiento Estudiantil. La década de los 80 y los 90, se caracterizaron por la llegada de las fuerzas conservadoras y reaccionarias de la derecha política del país, quienes controlaron políticamente y culturalmente la vida política y académica de la UNAH. Inmediatamente se entró en un proceso de persecución y desaparición de líderes estudiantiles, sindicales y a un proceso de Reforma Universitaria con rasgos Neoliberales: y desde ese momento la idea de “Universidad Militante” es retirada por la instauración de la idea de “Universidad Vigilada”, que persiste hasta nuestros días.

En las décadas siguientes la UNAH se convirtió en una torre de marfil jugando un tímido papel en las transformaciones de país, sin desconocer que a lo interno se suscitaron medidas importantes que giraban alrededor de una Modernización Universitaria, más que de un proceso de Reforma Universitaria. No es de nuestro interés desarrollar este tema, nuestro objetivo es puntualizar que la llegada de sectores a la UNAH significo una reconceptualización en la idea de Universidad Pública, Reforma Universitaria y la Participación Estudiantil: elementos que hoy se encuentran presentes en todo el aparato conceptual y político de la IV Reforma Universitaria (véase:https://engel2011.tumblr.com/post/171539448390/los-intentos-de-elecciones-estudiantiles-en-la)

Los intentos de estos sectores por querer mantener el control sobre la vida política y cultural en la UNAH hay que puntualizarlo más allá de la década de los 80 y 90, ya que el actual proceso de Reforma Universitaria descansa sobre sus intereses y apuestas política de bloque histórico que ven en las instituciones culturales, como la Universidad Pública, el espacio para legitimar su ideología de clase y mantener la conservación del sistema. Y es precisamente en este marco que surge en el 2000 los esfuerzos por abrir paso a la IV Reforma Universitaria, un proceso que se caracterizó desde sus inicios por la ausencia de participación estudiantil, la complicidad de las autoridades universitarias con dichos sectores y el silencio cómplice de los espacios progresistas universitarios que sobrevivieron a la década de los 80.

Lo anterior refuerza la idea, desarrollada en la primera parte, del porque en el marco de la IV Reforma Universitaria la participación estudiantil aparece como un elemento marginal en la vida política universitaria y reducido a categorías instrumentales de normas, leyes y procedimientos. Lo anterior en un contexto de país marcado por el reflujo de movimientos sociales históricos y desaparecimiento de un movimiento estudiantil, que, desde la conquista de la Autonomía Universitaria en 1957, hasta la llegada de Oswaldo Ramos Soto en 1982, había jugado un papel importante en el desarrollo y práctica de la Reforma Universitaria.

En otros espacios he tratado abiertamente la construcción histórica de este movimiento estudiantil, el cual se empieza a gestar al calor de la implementación de la IV Reforma Universitaria en el 2006. En nuestro caso vamos a tratar de exponer la influencia que jugo el periodo del posgolpe del 2009 en la formación de este movimiento y comprender del porque las autoridades se esmeraron en bloquear y dilatar los procesos de elecciones estudiantiles programados para el 2011 y 2012.

El Golpe de Estado de 2009 tuvo dos implicaciones importantes que hasta el día de hoy siguen retratando la dinámica política del país. La primera a nivel político, marcada por el surgimiento de una nueva clase política producto de las trasformaciones históricas suscitadas en el país en la última década. La segunda retratada, por un lado, por la afirmación en el espacio público de actores sociales que desde los 90 vienen irrumpiendo el espacio social y, por otro lado, el surgimiento de nuevos actores que han venido conquistando el espacio público y reivindicando demandas que giran alrededor del tema reconocimiento de los Derechos Humanos.

En las dos implicaciones aparece inserta la UNAH como un espacio social de disputa entre actores que buscan monopolizar el campo universitario y actores que mediante un carácter subversivo buscan transformar la relación de fuerzas en dicho campo. Lo anterior reviste el conflicto histórico que desde el 2015 se viene suscitando en la UNAH, entre estudiantes y autoridades universitarias.

Para comprender la primera implicación política y su impacto en la UNAH hay que tener en cuenta algunos elementos que demuestran la complicidad entre el bloque académico de la UNAH y el bloque histórico de las elites de país. Desde el 2009 el silencio de la Universidad ante los temas centrales del país deja en evidencia su complicidad y para mencionar algunos hechos recordemos el silencio ante el Golpe de Estado de 2009, representando la UNAH uno de los principales focos de resistencia juvenil; el silencio ante la aprobación en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa de La Ley Fundamental de Educación, una ley lesiva que atenta contra los intereses de la educación pública; el silencio ante el proyecto de las Ciudades Modelos; el silencio ante los intentos de Juan Orlando, quien en ese momento fungía con Presidente del Congreso Nacional, en quitarle la Autonomía a la UNAH; el silencio ante el fraude electoral del 2013 y 2017 que dio como ganador a Juan Orlando Hernández, etcétera.

En ese primer ciclo de reacomodamiento hegemónico de las elites políticas del país, desarrollado en el marco de Gobierno de Pepe Lobo, la UNAH jugó un papel importante para lograr esa transición. La UNAH también vivió su reacomodamiento y su transición, de una manera conservadora y autoritaria. En un primer momento el Julietismo, para asegurar su proyecto de Universidad, abrió una campaña de desprestigio y desarticulación hacia la ADUNAH y el SITRAUNAH. Eso se tradujo en una serie de reformas laborales que fueron impuestas y que son lesivas para los intereses de los trabajadores y los docentes. Esta reforma laboral estaba en total sintonía con La Ley de Empleo por hora que se venía impulsando desde el gobierno de Lobo y que en la UNAH se encargó de profundizar la precarización laboral y la precarización académica y profesional.

En un segundo momento, en el Gobierno de Lobo se construye y se pone en marcha el Plan de Nación y Visión de País, el cual tenía como objetivo sentar las bases del desarrollo social, económico y cultural del país. La UNAH a través de la investigación científica se inserta en las apuestas del Plan de Nación y Visión de País. Lo interesante de dichas líneas es que temas como estructura de clase, clases sociales, conflictividad social, entre otros temas no fueron líneas de investigación, lo que evidencio: la relación de producción académica entre la universidad y la empresa privada y el marginamiento de temáticas sociales que retrataban los altos niveles de conflictividad y exclusión social.

En síntesis, la Universidad ha jugado y sigue jugando un rol importante en la reconfiguración política y cultural que se viene desarrollando en el país, y como vemos, el trabajo de las autoridades a estado enfocado al mantenimiento y reproducción del campo universitario, a través de la producción académica, difusión cultural y la formación profesional del egresado universitario.

En ese amplio marco y complejidad política del país hay que ubicar la gestación de sectores estudiantiles que venían realizando esfuerzos por abrir cause a un proceso electoral estudiantil orientado a la elección de los representantes en el gobierno universitario y avanzar en la democratización de la universidad. La presión de los estudiantes por desarrollar el proceso electoral se dio en el marco de las recomendaciones establecidas por la Comisión de Transición Universitaria, quien hizo el llamado a una Asamblea Constituyen Estudiantil Universitaria (ACEU) para la elaboración del Reglamento Electoral. Los sectores estudiantiles hicieron presión para desarrollar la ACEU, pero las autoridades bloquearon todo intento de ACEU y de elecciones. ¿A qué se debió esos bloqueos? Los trataremos de exponer en las siguientes líneas.

Las razones de las autoridades hay que buscarlas alrededor de la segunda implicación del Golpe de Estado de 2009: el surgimiento de nuevos actores y subjetividades políticas. En el caso de la UNAH el perfil cultural del estudiante organizado luego del golpe se caracterizó por un estudiante egresado de la escuela pública, proveniente del interior del país y de los barrios populares, de espacios socioterritoriales con altos niveles de conflictividad social y estudiantes organizados en grupos políticos, comunitarios, religiosos, etcétera.

Ese perfil cultural del estudiante universitario se caracterizó por un fuerte capital cultural que determino en gran parte el desarrollo de un capital social que se manifestó en procesos autónomos de organización estudiantil que se alejaron de la dinámica partidista de los frentes históricos; un discurso que se caracterizó por la defensa de los derechos humanos y la democratización de la universidad ;y un práctica política estudiantil que se alejaba de la protesta tradicional y que apuntaba a la reconquista del espacio público mediante el arte, la cultura y la protesta pacífica.

Una nueva hegemonía estudiantil se estaba formando en el espacio universitario mediante líderes estudiantiles de base y con un discurso político concebido desde la academia. Eso no gusto a las autoridades universitarias, ya que veían en el nuevo movimiento un potencial liderazgo que atentaba contra sus intereses y su visión de Reforma Universitaria y Universidad.

Los bloqueos que impidieron las elecciones estudiantiles en el 2011 y 2012 revistieron problemas de carácter político e ideológico, muy por encima de aspectos legales y normativos, como lo quieren sostener las autoridades y sectores estudiantiles. Esos bloqueos estuvieron determinados por cuatro factores: primero, luego del Golpe de Estado de 2009, la UNAH siguió siendo un foco importante de resistencia estudiantil hacia las políticas del Gobierno y hacia la forma en que se conducía la UNAH; segundo, la gestación de un movimiento estudiantil que trascendió a los frentes estudiantiles y el desarrollo de un modelo de organización estudiantil horizontal y democrático; tercero, un planteamiento innovador hacia el proceso de democratización de la Universidad; y cuarto, intentos por avanzar en la resignificación de un proceso de Reforma Universitaria que entraba en contradicción con la apuesta del Julietismo.

Esos bloqueos nos sirven para comprender que la UNAH es un campo de poder de suma importancia para las élites políticas del país y que en tiempos de crisis y transiciones es urgente su control y vigilancia. En ese marco es pertinente preguntarnos: ¿Por qué hoy existe voluntad política para negociar un Reglamento Electoral para Elecciones Estudiantiles? Abordaremos la pregunta en el siguiente artículo.

Engel Bladimir López Sánchez

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